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Esvieta Topovich

Gran preocupación por proyecto de desplazamiento forzoso.
El parlamentario Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, anunció que la fecha en que el proyecto entrará en debate quedará definida cuando el grupo de trabajo fije sus prioridades para la presente legislatura.

Jaime Antezana, sociólogo que estudió por casi diez años el tema del desplazamiento forzoso de las poblaciones en el Perú, calificó de inconveniente el proyecto presentado por el Ejecutivo para el traslado de poblaciones de sus lugares de origen para facilitar la ejecución de grandes proyectos de desarrollo justificados por un “interés público superior” y consideró que el tema puede establecer una línea autoritaria en la actitud del gobierno.

Si esta iniciativa llegara a ser aprobada, las poblaciones tendrían que salir por la fuerza de la ley de sus sitios, señaló.

Añadió que la propuesta del gobierno desnaturaliza el desplazamiento forzoso o compulsivo normado nacionalmente para situaciones de violencia política o desastres naturales y en el ámbito mundial por mecanismos internacionales gestionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“El proyecto podría colisionar con normas internacionales porque el tema del desplazamiento forzoso es parte de una serie de mecanismos del derecho internacional humanitario”, señaló.

Antezana estudió entre 1989 y 1998 el fenómeno del desplazamiento forzoso de poblaciones peruanas, motivado por la violencia política que afectó al país en ese período, así como también la migración del retorno.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Elizabeth León, informó que los miembros de este grupo de trabajo acordaron, por unanimidad, remitir un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros para que retire el proyecto enviado al Poder Legislativo para modificar la Ley 28223. Hasta los congresistas apristas Helvezia Balta Salazar y José Macedo Sánchez suscribieron el acuerdo.

La propuesta, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, llegó al Congreso el pasado 4 de febrero y plantea la modificación del Artículo 8 de la Ley 28223, referida a los desplazamientos internos por conflictos, a fin de que se incorpore además la causal de movilización de los pueblos en razón de grandes proyectos de desarrollo.

Con el reinicio de las actividades parlamentarias, el proyecto Nº 3817/2009-PE empezó a ser analizado por las comisiones a las que ha sido derivado, como las de Justicia y derechos humanos y de la Mujer.

Por su parte, la presidenta de esta última comisión, Karina Beteta, dijo haber pedido opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones que representan a las poblaciones nativas.

Beteta sostuvo que el tema aún está pendiente de la respuesta de estos organismos y el miércoles 10 de marzo se empezará a elaborar el predictamen referido al proyecto, de acuerdo a la evaluación jurídica que hagan los integrantes de este grupo de trabajo y sus asesores, aunque reconoció que el proyecto también se puede archivar.

Sobre el pedido urgente del gobierno, Beteta dijo que el debate se realizará dentro de los plazos normales, pues “el Congreso no es la mesa de partes del Ejecutivo”.

Redacción